El anuncio del presidente Gustavo Petro sobre la salida de Colombia del sistema de arbitraje internacional de inversión ha generado gran preocupación entre expertos jurídicos y el sector empresarial. Se advierte que esta medida introduce incertidumbre sobre la protección a la inversión, afectando la confianza inversionista, la competitividad y la llegada de capital extranjero. Abogados señalan que cambiar las reglas de juego de esta manera envía un mensaje negativo a la comunidad internacional y ataca la seguridad jurídica. Aunque no hay claridad sobre el alcance exacto de la decisión, se temen repercusiones en tratados vigentes y en las alternativas de resolución de controversias, pudiendo incrementar las reclamaciones contra el Estado.