La inseguridad en Perú ha provocado que el 45% de los peruanos haya presenciado el cierre o la restricción de actividades de negocios locales, un aumento significativo desde el 32% del año anterior, según una encuesta de Ipsos. La extorsión se ha consolidado como una práctica que condiciona la actividad económica, llevando a que el 99% de los socios de la Asociación de Bodegueros del Perú hayan enfrentado problemas de este tipo en los últimos cinco años. Lima es la región más afectada, con el 59% de los casos. Este fenómeno no solo afecta la economía al frenar la apertura de nuevos negocios e ingresos, sino que también deteriora la salud mental de la población y opera como una fuente principal de financiamiento para estructuras criminales, a pesar de ser un delito en gran medida impune.