El Ministerio del Interior, bajo la dirección de Fernando Grande-Marlaska, ha sido criticado por reasignar 15 agentes de policía que anteriormente protegían a testigos en situaciones de alto riesgo para brindar escolta a Sarah Santaolalla, una tertuliana afín al gobierno. Esta decisión, denunciada por el sindicato Jupol, contrasta fuertemente con la asignación de un solo agente para proteger a 100 mujeres víctimas de maltrato. La escolta de Santaolalla, que inicialmente contaba con cuatro agentes y un coste de 12.000 euros mensuales, se ha incrementado significativamente, incluso desviando efectivos de la protección de testigos y de la contravigilancia del Delegado del Gobierno en Madrid. Jupol cuestiona la necesidad de tal despliegue, especialmente después de que la denuncia de Santaolalla contra Vito Quiles, motivo inicial de la protección, fuera desestimada por la justicia.