La investigación preliminar sobre la financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro, que duró casi dos años en la Comisión de Acusaciones, ha generado divisiones entre los congresistas encargados. El representante Alirio Uribe, quien lideró el proceso, concluyó que existieron irregularidades pero no encontró pruebas suficientes para vincular penalmente al presidente Petro, proponiendo cerrar el caso en su contra mediante una resolución inhibitoria por atipicidad de la conducta. Sin embargo, sus colegas Gloria Arizabaleta y Wilmer Carrillo disentienten de esta postura. En un salvamento de voto, ambos representantes solicitaron que Petro sea llamado a indagatoria para determinar su posible responsabilidad en los hechos investigados, argumentando que sí hay mérito para avanzar en una nueva etapa procesal.