La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), bajo la dirección de Irene Vélez, ha iniciado una investigación a Hidroituango, marcando un aumento significativo en las sanciones ambientales y multas impuestas en el último año, superando nueve veces el promedio del gobierno anterior y alcanzando cifras récord. Esta acción resalta la tensión entre la firmeza regulatoria del Estado y la percepción de injusticia por parte de empresas como EPM, que argumentan cumplir con altos estándares de calidad. La ANLA busca fortalecer la vigilancia estatal ante problemas de sostenibilidad, pero la administración Petro enfrenta críticas por operar con base en "rencillas" en lugar de un genuino interés en el diálogo. Vélez negó que la investigación sea una represalia, citando tres posibles problemas: incumplimiento del caudal descargado, afectación a fauna y falta de medidas para equilibrar el caudal en sequía, cargos que EPM ha negado, defendiendo su operación y monitoreo constante.