La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ratificó las sanciones contra siete excomandantes del Secretariado de las Farc por secuestros cometidos durante el conflicto armado. El magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz enfatizó que el Estado tiene la obligación de garantizar la ejecución de estas sanciones restaurativas. La JEP envió estas decisiones, junto con la sanción a doce exintegrantes del Batallón La Popa por ejecuciones extrajudiciales entre 2002 y 2005, a la Corte Penal Internacional (CPI). Esto se hace para cumplir con los deberes internacionales de Colombia de juzgar, sancionar y ejecutar sentencias por crímenes de guerra y de lesa humanidad, evitando así la impunidad y la responsabilidad internacional del Estado.