Juliana Guerrero, vocera del Gobierno Petro en el consejo superior de la Universidad Popular del Cesar, generó controversia al asistir a una sesión el 6 de abril en La Jagua de Ibirico. Guerrero enfrenta una imputación de la Fiscalía por fraude procesal, acusado de falsificar un título profesional de la Fundación Universitaria San José, aunque ella niega los cargos. A pesar de las peticiones de sectores políticos, como la congresista Jennifer Pedraza, para su retiro, el Ministerio de Educación la mantiene en su cargo. Su presencia en la aprobación de la creación de una nueva sede de la universidad en La Jagua de Ibirico, que el rector Rober Romero calificó como una oportunidad para los jóvenes cesarenses, ha avivado el debate sobre su idoneidad y la influencia de figuras polémicas en la educación pública.