Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, anunció su intención de implementar en Perú estrategias de seguridad similares a las aplicadas por el presidente ecuatoriano Daniel Noboa. Fujimori busca apoyo de las Fuerzas Armadas para el control de fronteras y el sistema penitenciario, con el fin de combatir la criminalidad organizada. Sin embargo, la gestión de Noboa ha sido duramente cuestionada por organismos como la CIDH y Amnistía Internacional debido a violaciones de derechos humanos, incluyendo detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas. Expertos advierten que emular este modelo de "mano dura" en Perú podría ser ineficaz y peligroso, dado que la criminalidad peruana tiene dinámicas distintas, como la minería ilegal vinculada al poder. Además, señalan que la militarización de la seguridad pública en Ecuador no ha logrado reducir la violencia de manera integral, afectando la gobernabilidad y el Estado de derecho.