El 29 de abril, el Departamento de Justicia de Estados Unidos formalizó acusaciones contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y nueve funcionarios mexicanos por presuntos vínculos con cárteles del narcotráfico. Este evento expone una crisis estructural donde el crimen organizado ha cooptado sectores clave del Estado mexicano, operando como un actor económico que distorsiona mercados, extorsiona industrias como la del limón y el aguacate, y encarece insumos básicos. La autora Valeria Moy advierte que el narco no es solo un problema de seguridad, sino un sistema complejo que ahuyenta la inversión privada y frena el crecimiento nacional. Ante la falta de métricas precisas sobre el impacto económico, que oscilan entre el 1% y el 18% del PIB, México enfrenta un desafío institucional urgente.