La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha denunciado una discrepancia significativa en las cifras sobre la liberación de presos políticos en Venezuela. Mientras el gobierno de Delcy Rodríguez afirma haber beneficiado a más de 8.000 personas con la ley de amnistía promulgada en febrero, la sociedad civil, según el informe del presidente de la CIDH, Edgar Stuardo Ralón Orellana, reporta que solo 186 personas gozan de libertad plena, y 554 permanecen bajo medidas cautelares como prohibición de salida o de hablar a la prensa, lo que la CIDH califica como "libertad vigilada". La CIDH también critica la ley de amnistía por su cláusula residual que podría aplicarse contra opositores y advierte que los tribunales y fiscalías encargados de su aplicación son los mismos que han sostenido detenciones arbitrarias.