La Corte Suprema de Justicia rechazó el recurso de queja presentado por el Gobierno nacional y dejó firme la aplicación de la ley de financiamiento universitario. La resolución, firmada por los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, obliga al Poder Ejecutivo a implementar los artículos 5 y 6 de la ley 27.795, que establecen una actualización salarial para docentes y no docentes universitarios, así como la recomposición de programas estudiantiles. El tribunal también desestimó el pedido de excusación y remitió a lo resuelto el 4 de junio de 2026 sobre una recusación. Además, intimó al Ejecutivo a realizar el depósito previsto en el artículo 286 del Código Procesal Civil y Comercial.