México sufre una desconfianza crónica entre ciudadanos y autoridades, evidenciada en la necesidad de firmar contratos hoja por hoja y en la falta de fe en las resoluciones judiciales. El artículo critica la investigación del accidente del Tren Interoceánico, donde la Fiscalía General de la República, bajo Ernestina Godoy, responsabilizó a los operadores por imprudencia, presuntamente para proteger a funcionarios vinculados a proveedores de balastro de mala calidad. Se señala la opacidad en obras públicas, la eliminación de organismos como el INAI y la inversión de la carga probatoria, donde el ciudadano es culpable hasta que pruebe su inocencia. La desconfianza gubernamental genera violaciones a derechos humanos, como la congelación de cuentas por la UIF y la prisión preventiva oficiosa, contraviniendo tratados internacionales. La respuesta del gobierno ante el Comité de Desapariciones de la ONU, deslegitimando sus resoluciones, agrava la percepción de inseguridad e impacta negativamente la inversión. Se menciona la manipulación del padrón de militantes por MORENA y declaraciones de la ministra Estela Ríos que erosionan la confianza en el Poder Judicial.