El juicio contra David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, y otros acusados por su contratación en la Diputación de Badajoz en 2017, ha concluido y quedado visto para sentencia, evidenciando una marcada división entre la Fiscalía y las acusaciones. La Fiscalía mantiene su petición de absolución, argumentando que la inocencia de los encausados no ha sido desvirtuada y criticando las "conjeturas" de las acusaciones populares. Por el contrario, estas últimas han elevado sus peticiones de pena hasta seis años de prisión para David Sánchez, cuatro para el expresidente Miguel Ángel Gallardo y dos para el exasesor Luis Carrero. Las acusaciones se basan en la creación y adjudicación del puesto de coordinador, supuestas referencias al "hermanísimo" y un cambio de nomenclatura, mientras que las defensas y la Fiscalía señalan la falta de pruebas directas y posibles malentendidos, además de recordar que el puesto ya existía y que la aprobación se realizó en pleno.