El sistema de patentes de los Estados Unidos, establecido por la cláusula de propiedad intelectual de la Constitución en 1788 y el primer estatuto de patentes firmado por George Washington en 1790, creó un marco democrático único para la innovación. A diferencia de muchos otros sistemas, otorgaba patentes al "primer y verdadero inventor", permitiendo que mujeres y personas negras libres obtuvieran patentes mucho antes de que pudieran votar o gozar de plenos derechos civiles. Este enfoque inclusivo, según el historiador Eric S. Hintz, creó un sistema que beneficia tanto a los individuos como a la nación, fomentando un entorno donde los inventores podían proteger sus creaciones mientras que, eventualmente, estas contribuían al dominio público.