La Cámara Contencioso Administrativo Federal ha ordenado al Gobierno nacional cumplir de manera inmediata con la ley de financiamiento universitario y la recomposición salarial de docentes y no docentes. El tribunal rechazó la apelación del Ejecutivo, calificando sus argumentos como "poco serios" y confirmando una medida cautelar previa que exige la actualización de salarios desde diciembre de 2023 hasta septiembre de 2025, así como la recomposición de becas estudiantiles. Los jueces destacaron que la medida tiene un bajo impacto fiscal y protege un derecho fundamental como la educación superior pública, desestimando las objeciones del gobierno sobre la disponibilidad de recursos y el equilibrio fiscal.