María Jesús Montero, al frente de Hacienda, concluye su gestión con un balance marcado por la falta de reformas profundas y el incumplimiento de obligaciones constitucionales, especialmente en la presentación de presupuestos. Durante sus ocho años como ministra, solo se aprobaron tres Presupuestos Generales del Estado (2021, 2022 y 2023), y en la última legislatura no se presentó ninguno, recurriendo a cuentas prorrogadas que limitan la política económica. Además, se negó sistemáticamente a ajustar el IRPF a pesar de una inflación cercana al 25%, resultando en un aumento impositivo silencioso. A pesar de gestionar crisis como la pandemia y la energética, su agenda reformista fue limitada, sin revisiones fiscales profundas ni avances en la sostenibilidad del gasto público, dejando al país con una deuda superior al 100% del PIB y un déficit persistente.