La ONG venezolana Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) denunció que la aplicación selectiva de la Ley de Amnistía, promulgada en febrero de 2026, genera una vulnerabilidad agravada para quienes son excluidos arbitrariamente, citando el caso del periodista Rory Branker. Branker, editor de La Patilla, fue detenido el 20 de febrero de 2025 por el Sebin y liberado el 4 de febrero de 2026 tras 11 meses de prisión, pero un tribunal rechazó su solicitud de amnistía, manteniendo abiertas las acusaciones por terrorismo, asociación para delinquir, conspiración con gobierno extranjero y traición a la patria. La JEP considera esto una prueba de la revictimización judicial y solicita un indulto procesal para detener la arbitrariedad y devolver la libertad plena a las víctimas. La ley, que abarca desde 1999, excluye casos de operaciones militares y otros delitos.