El Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU ha emitido un informe contundente, calificando la práctica de desaparición forzada en México como un crimen de lesa humanidad, dada la magnitud y el patrón de ataques contra la población civil, evidenciado por el hallazgo de más de 6,200 cadáveres y 76,000 restos humanos no identificados en fosas clandestinas. Ante esta grave situación, el artículo critica la reacción del gobierno mexicano, encabezado por Morena, que en lugar de reconocer la crisis, solicitar ayuda internacional y lamentar la indolencia de las fiscalías, ha desmentido el informe, calificándolo de tendencioso y parcial. El autor contrasta esta postura con la de gobiernos anteriores, cuyas críticas al mismo comité eran aceptadas por los actuales gobernantes, y subraya la falacia de negar la tolerancia y permisión de estas desapariciones, señalando la omisión o complicidad de autoridades y la incapacidad del Estado para resolver la crisis forense, mientras los familiares son quienes buscan a sus desaparecidos.