Los procesos de paz del Gobierno colombiano enfrentan una crisis de legitimidad debido a la falta de diálogo con la opinión pública, entidades territoriales y la Fiscalía. La suspensión de órdenes de captura contra jefes de estructuras criminales en Medellín y el Valle de Aburrá, y la posterior retractación de la fiscal general Luz Adriana Camargo sobre 16 de ellos por no informar que ya estaban privados de la libertad, evidencian una grave descoordinación institucional. Las autoridades locales temen dificultades y coacción electoral, mientras que la senadora Isabel Zuleta defiende el avance del proceso. Similarmente, los diálogos con las disidencias de alias Calarcá se ven afectados por la solicitud de la fiscal Camargo de levantar la suspensión de su orden de captura, citando crímenes cometidos a pesar de su estatus de gestor de paz. La opacidad y las promesas incumplidas han minado la confianza en la apuesta por la paz.