El ministro de Seguridad, Martín Arrau, ha generado controversia al declarar que la Política Nacional de Seguridad Pública (PNSP) impulsada por el gobierno de Gabriel Boric servirá de base para abordar la crisis delictual, lo que provocó críticas de exautoridades que esperaban un plan propio. Arrau desestimó la polémica como artificial, mientras que la exministra Carolina Tohá defendió la continuidad de la política de Estado, promulgada en 2025 y vigente hasta 2031. La PNSP busca reducir la violencia y el temor a través de seis ejes: prevención (infancia, territorial), control del delito, persecución penal, reinserción social y atención a víctimas. La ley exige la creación de estrategias bienales para aterrizar la política, un paso que Tohá considera pendiente para el actual gobierno.