El gobierno chileno, a través de la Subsecretaría del Interior, ha presentado una indicación a un proyecto de ley destinado a agilizar las expulsiones administrativas de inmigrantes irregulares. Esta propuesta obliga a diversas instituciones públicas y privadas, como consultorios, jardines infantiles, colegios, hospitales, Isapres, AFP y Fonasa, a reportar a la autoridad migratoria la presencia de extranjeros en situación irregular cuando estos acudan a realizar trámites o buscar atención. El subsecretario Máximo Pavez explicó que el objetivo es aprovechar estas instancias para fiscalizar y, si procede, expulsar a quienes no cumplan con la normativa migratoria, facilitando la recopilación de datos valiosos para tales fines.