El gobierno mexicano ha presentado una iniciativa para posponer la elección judicial hasta 2028, una medida que algunos consideran tardía pero que, según la autora, llega a tiempo para evitar un colapso institucional. La coexistencia de las elecciones intermedias y la elección judicial en 2027 habría presentado desafíos logísticos insuperables, incluyendo la producción de casi mil millones de boletas y la necesidad de una vasta infraestructura y capacitación de personal, superando la capacidad del INE. Además, la falta de financiamiento y promoción para los candidatos judiciales habría resultado en un voto desinformado, atentando contra la calidad democrática. La reforma, más que un retroceso, es un reconocimiento de la necesidad de corregir el rumbo antes de que el daño sea irreparable, aunque el tiempo ganado debe usarse para abordar las deficiencias existentes en la evaluación de aspirantes y evitar que la elección de 2028 se convierta en un concurso de popularidad.