La renuncia del fiscal de Chihuahua, César Jáuregui, tras admitir inconsistencias en la información pública sobre la muerte de agentes estadounidenses y mexicanos en un operativo contra narcolaboratorios, expone una falla estructural en la cooperación internacional de seguridad. El incidente reveló que agentes de la CIA operaron en México sin conocimiento del gobierno federal, evidenciando una "zona gris" donde la falta de reglas claras, registros y responsabilidades permite la impunidad. La Ley de Seguridad Nacional establece protocolos estrictos para la participación extranjera, que incluyen convenios formales, acreditación, delimitación de territorio e informes escritos, con mando y ejecución mexicanos, y sin facultades para detener personas o sustituir a la autoridad nacional. La opacidad en operaciones conjuntas, como en el caso "Rápido y Furioso" y el reciente evento en Chihuahua, puede anular pruebas en el sistema judicial mexicano, convirtiendo la opacidad en impunidad y poniendo en juego la soberanía del Estado, que debe exigir cooperación con independencia y dejar huella jurídica en cada interacción.