La fiscal suprema suspendida, Delia Espinoza, logró dos victorias legales en su lucha contra el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi. En primer lugar, la Tercera Sala Constitucional de Lima admitió las apelaciones contra la resolución que declaró inaplicable la inhabilitación de 10 años impuesta el 5 de diciembre de 2025, enviando el caso a la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema para decisión final. En segundo lugar, el juez supremo Juan Carlos Checkley, con apoyo de la Primera Fiscalía Suprema en Delitos de Corrupción, acogió una excepción de improcedencia y archivó la denuncia constitucional del Congreso contra Espinoza por abuso de autoridad, prevaricato, falsedad genérica y usurpación de funciones, delitos que sustentaban la inhabilitación.