El gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, enfrenta un juicio político en el Congreso debido a presuntos delitos patrimoniales. Su defensa argumenta que los fondos públicos que llegaron a despachos jurídicos familiares se volvieron privados una vez que el Estado pagó a proveedores. Penalistas consultados contradicen esta tesis, señalando que la admisión de los hechos por parte del gobernador constituye delitos de peculado, lavado de dinero y daño al patrimonio público, con posibles sanciones como inhabilitación y cárcel. La firma Jurídica y Fiscal Abogados, donde García es socio, ha recibido más de 200 millones de pesos en honorarios de empresas proveedoras del gobierno estatal, lo que ha llevado a una investigación en el Congreso. Expertos sugieren que las fiscalías deben actuar de oficio ante estas confesiones.