La trama Forestalia investiga presuntas irregularidades en la concesión de permisos ambientales para proyectos de energías renovables, implicando a gobiernos autonómicos y al Ministerio para la Transición Ecológica. La investigación distingue entre una etapa "pasada" en Aragón, que podría involucrar a ex altos cargos de los gobiernos de Javier Lambán y Marcelino Iglesias, y proyectos más recientes a nivel estatal, vinculados a la gestión del exsubdirector del Ministerio, Eugenio Domínguez, cuya prescripción aún no se ha producido. Se sospecha que la empresa Forestalia pudo haber obtenido favores de cargos públicos para agilizar autorizaciones, incluyendo la posible compra de una consultora por parte de la empresa a un exconsejero. El actual gobierno aragonés en funciones, presidido por Jorge Azcón, asegura que los contratos vigentes con Forestalia se mantendrán si no hay decisiones judiciales que los paralicen, y ha implementado cambios en el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga) para mejorar la transparencia y eficiencia.