Las víctimas del magnicidio de Miguel Uribe Turbay apelarán el acuerdo pactado entre la Fiscalía y Elder José Arteaga, alias Chipi, quien es señalado como cabecilla de la red de sicarios responsable del asesinato. A pesar de que alias Chipi admitió haber ubicado al autor material, su declaración es considerada incompleta por las víctimas, ya que ofrece frases evasivas como "No sé" y "no conozco", sin brindar detalles sustanciales a la justicia. El acuerdo permitiría a alias Chipi recibir una condena de 26 años de prisión, una reducción significativa de pena, lo que las víctimas consideran inaceptable dado su presunto rol de planeación y ejecución del magnicidio. El abogado de las víctimas argumenta que no hay evidencia de colaboración efectiva y que este acuerdo envía un mensaje de impunidad, especialmente considerando la gravedad del crimen como un atentado institucional contra la democracia.