El plan sectorial de ciencia, humanidades, tecnología e innovación 2025-2030 de la presidenta Claudia Sheinbaum busca posicionar a México como una "potencia científica", pero se enfrenta a la Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación (LGMHCTI) impulsada por la administración anterior. Esta ley, que prioriza la rectoría estatal y restringe la colaboración con el sector privado, desincentiva la inversión del 0.26% del PIB en ciencia, la cifra más baja de la OCDE. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) debe resolver una acción de inconstitucionalidad que cuestiona la ley por ser discriminatoria, limitando el acceso a becas y financiamiento para profesores y estudiantes del sector privado, a pesar de que el 57% de los programas de posgrado son particulares.