La Ley de Garantías Electorales en Colombia, que restringe la contratación pública y las modificaciones de nómina para asegurar la neutralidad en las elecciones, finalizará el lunes 22 de junio de 2026, un día después de que se elija al nuevo presidente de la República. Esta normativa, establecida por la Ley 996 de 2005, prohíbe la contratación directa, los convenios interadministrativos y los cambios en la planta de personal de las entidades públicas en los cuatro meses previos a las votaciones, salvo en casos de urgencia manifiesta. Su objetivo es evitar que los gobernantes de turno utilicen los recursos del Estado para favorecer a candidatos específicos, bloqueando así la "maquinaria estatal". Una vez confirmados los resultados electorales, estas restricciones cesarán, permitiendo la reactivación inmediata de la contratación y el movimiento de personal a partir del día siguiente a las elecciones.