La Ley de Glaciares, promulgada en 2010, establece un régimen de protección para los glaciares y el ambiente periglaciar, prohibiendo actividades como la exploración y explotación minera en estas zonas. Sin embargo, el debate sobre si las provincias deberían tener mayor autonomía para habilitar inversiones mineras en sus territorios, a pesar de las restricciones de esta ley, sigue abierto. La discusión se centra en el equilibrio entre la protección ambiental y el potencial desarrollo económico que la minería podría generar, planteando interrogantes sobre la federalización de la toma de decisiones y la capacidad de las jurisdicciones locales para gestionar sus recursos naturales de manera sostenible y responsable.