A pesar de casi treinta años de esfuerzos legislativos y la presentación de al menos una decena de iniciativas por parte de diversas fuerzas políticas desde 1998, el Congreso de la Unión no ha logrado aprobar una ley integral para prevenir, atender y reparar el desplazamiento forzado interno en México. Una minuta aprobada por la Cámara de Diputados en 2020, que buscaba establecer este marco legal, fue declarada asunto concluido por el Senado en abril de 2024 ante la falta de avance, obligando a que el proceso legislativo deba reiniciarse desde cero. Este estancamiento ocurre mientras continúan registrándose casos de desplazamiento, como el reciente ocurrido en Chilapa, Guerrero, provocado por la violencia del crimen organizado, evidenciando la urgencia de una legislación que proteja a las personas que abandonan sus hogares por diversas causas.