Funcionarios de la Subsecretaría de Derechos Humanos acusan que esta entidad, bajo la dirección de la ministra Francisca Linconao, habría ordenado no apelar un fallo judicial que favoreció la liberación de un exagente de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA). Esta decisión, según las mismas fuentes internas, contraviene los protocolos habituales de la subsecretaría en casos que involucran a exmiembros de organismos de represión. La supuesta directriz de no recurrir la resolución judicial ha generado malestar y preocupación entre algunos empleados de la institución, quienes consideran que esta acción podría interpretarse como un intento de proteger al individuo implicado en graves violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar chilena.