Veinticinco años después del anuncio del mayor default soberano de la historia, Argentina cierra el último capítulo judicial. La Cámara de Diputados convirtió en ley el acuerdo para pagar US$171 millones a los fondos buitre Bainbridge y Attestor, los últimos holdouts con sentencia firme. El default de 2001, que alcanzó los US$144.279 millones (53,8% del PBI), desató más de dos décadas de litigios. Tras los canjes de deuda de 2005 y 2010, que lograron una adhesión del 92,4%, el remanente de acreedores inició acciones judiciales que llevaron a un default técnico en 2014 y al embargo de la Fragata Libertad en 2012.