Colombia atraviesa una campaña presidencial sin precedentes, marcada por el debilitamiento de su democracia y el riesgo de fractura. La contienda ha roto con los principios de respeto por las leyes y el debate democrático que definían las elecciones colombianas, evidenciado por el asesinato del precandidato Miguel Uribe Turbay y la influencia de grupos armados en territorios. El presidente Gustavo Petro, a pesar de la prohibición legal, se involucró activamente en la campaña de Iván Cepeda, utilizando recursos estatales como los equipos de salud para instruir sobre el voto, mientras cuestionaba la legitimidad del sistema electoral sin pruebas. Por primera vez, los candidatos punteros en encuestas no participaron en debates, dejando a los ciudadanos expuestos a una avalancha de propaganda sin el escrutinio de medios independientes. Se observó un flujo considerable de dinero en algunas campañas, de origen poco claro, y ataques directos a medios de comunicación, mientras RTVC, medio estatal, favorecía la candidatura de Cepeda. La violencia política se intensificó en redes sociales, utilizando inteligencia artificial y una confrontación constante.