El renovado Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz, con una nueva mayoría tras la ampliación a nueve miembros, ha ordenado una exhaustiva auditoría administrativa y contable del Poder Judicial. Esta revisión incluirá la ejecución presupuestaria, gastos, salarios, nómina de personal, bienes, contrataciones y el estado de las causas judiciales demoradas. La medida se produce en un contexto de conflicto gremial, con un paro judicial iniciado en febrero, y tras la reciente conciliación obligatoria dictada por el Tribunal. Además, se determinó que los futuros ingresos al Poder Judicial deberán ser por concursos abiertos y públicos. Se busca transparencia en la gestión y una solución a la paralización de la actividad judicial.