El caso de Manuel Adorni, quien admitió no haber declarado más de 500.000 dólares acumulados entre 2013 y 2018, ha generado un debate sobre la transparencia estatal. Mientras Patricia Bullrich calificó el hecho como una "omisión ética" centrada en la conducta individual, el criminólogo Eduardo Muñoz argumenta que se trata de una "omisión estructural". Según Muñoz, el sistema de control falla sistemáticamente al no detectar irregularidades patrimoniales hasta que la presión pública hace inevitable la revisión. El autor sostiene que existe una falta de controles preventivos rigurosos antes de que los funcionarios asuman cargos de alta responsabilidad. Esta incapacidad institucional para reconocer riesgos previamente erosiona la credibilidad de la clase dirigente y demuestra que la Justicia actúa solo como un recurso reactivo, fallando en su función de prevención.