En México, la sociedad civil, fundamental para la salud democrática como contrapeso del poder, enfrenta un debilitamiento progresivo. Aunque no se prohíbe su existencia por decreto, desde 2019 se han eliminado apoyos públicos bajo el pretexto de combatir la corrupción, buscando deslegitimar a las organizaciones ciudadanas y dificultar su subsistencia. Este modelo, similar al de autocracias contemporáneas, desgasta, aísla y vuelve sospechosas a estas organizaciones, mermando su capacidad de incidir, vigilar y exigir. Ante un poder que ignora la evidencia y descalifica la crítica, la estrategia de la sociedad civil debe evolucionar: la evidencia es punto de partida, la incidencia se traslada al espacio público y a los tribunales, la articulación con otros actores es imprescindible, la narrativa es crucial para movilizar, y el objetivo a menudo se centra en contener retrocesos y documentar abusos, más que en cambiar decisiones. El mayor riesgo es que la sociedad civil pierda su capacidad de incidir, volviéndose irrelevante, lo cual debilita la democracia.