La administración Trump ha intensificado sus esfuerzos para aislar a la Corte Penal Internacional, con el Secretario de Estado Marco Rubio lanzando una campaña integral para socavar a la institución con sede en La Haya. En un video publicado en X y en una columna de opinión en el Wall Street Journal, Rubio prometió «desmantelar» la corte, alegando que representa «una amenaza intolerable para la soberanía de los EE. UU.». El Departamento de Estado afirmó que la campaña «deshabilitará sistemáticamente la capacidad de la CPI para operar, atacar a militares o funcionarios estadounidenses, o amenazar de cualquier otra forma la soberanía estadounidense».