La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, ha cuestionado duramente la disparidad en el escrutinio público hacia su administración frente a la defensa otorgada a Rubén Rocha Moya, quien enfrenta señalamientos por presuntos vínculos con el narcotráfico. Este pronunciamiento surge tras el desmantelamiento de un laboratorio clandestino en la Sierra, operativo que resultó en la muerte de cuatro funcionarios, incluyendo dos ciudadanos extranjeros. La Fiscalía General de la República ha citado a cincuenta servidores públicos estatales para esclarecer estos hechos, medida que el PRI califica como una posible cortina de humo. Mientras la Secretaría de Seguridad Pública Estatal diseña estrategias para las elecciones de 2027, el gobierno local reafirma su disposición de colaborar con las autoridades federales para esclarecer las responsabilidades legales correspondientes.