La menstruación se ha convertido en un factor de discriminación laboral en México, afectando la productividad y el desarrollo profesional de las mujeres debido a la falta de políticas públicas con perspectiva de género y persistentes estigmas. Alrededor del 49% de la fuerza laboral son mujeres, pero sus necesidades biológicas, como las relacionadas con la dismenorrea (que afecta entre el 45% y 90% de ellas), no son consideradas, generando comentarios estigmatizantes, falta de permisos y condiciones inadecuadas. Un 29% de las mujeres reporta consecuencias negativas en su empleo por malestares menstruales, incluyendo discriminación y despidos. Solo el 11% de las empresas mexicanas ha implementado políticas de apoyo como licencias menstruales, a pesar de que el 91% de las mujeres considera que su rendimiento disminuye durante su periodo. Cuatro estados han introducido licencias menstruales, pero su acceso sigue siendo difícil para la mayoría.