El Gobierno chileno ha presentado los resultados preliminares de la primera auditoría al Estado, abarcando la gestión de recursos fiscales de más de 500 servicios públicos entre 2025 y marzo de 2026. La auditoría reveló la transferencia de más de 140 millones de dólares a organizaciones con menos de un año de antigüedad, convenios pagados íntegramente con montos no rendidos superiores a 50 millones de dólares, y la contratación de más de 2.500 funcionarios a fines de 2025, incluyendo un traspaso masivo de personal a contrata. Además, se cuestionaron asignaciones a programas con evaluaciones deficientes y se detectó que alrededor de 100 mil trabajadores públicos presentaron licencias médicas que superaron el mes de duración. El informe, cuyo resultado definitivo se comunicará en seis meses, busca asegurar el cuidado de los recursos públicos y se considera un compromiso del gobierno del presidente Kast.