El gobierno de Gustavo Petro otorgó un título minero legal a la mina ‘La Mandinga’ en Caucasia, Antioquia, durante una asamblea popular el 11 de abril de 2024. La representante legal, Hermelina Isabel Cardozo Calle, recibió un contrato de 30 años para explotar oro, plata y platino en 158.5 hectáreas. Sin embargo, dos años después, la mina se expandió ilegalmente hasta terrenos de la base militar del Batallón de Infantería No. 31 Rifles, causando daño ambiental severo. El Ejército reportó más de 2.300 mineros ilegales y denuncias desde 2022 sin resultados. Los mineros, a través de Juan Sebastián Castro, niegan vínculos con el Clan del Golfo y afirman buscar formalización, mientras que la licencia ambiental fue otorgada por Corantioquia en 2022.