Trabajadores de una mina en Zacatecas denunciaron amenazas del crimen organizado y solicitaron apoyo militar para proteger su integridad durante un proceso sindical, pero las autoridades no actuaron a tiempo, según documentos oficiales. El conflicto se centró en la mina Camino Rojo, donde el Sindicato Nacional Minero disputaba la titularidad del contrato colectivo de trabajo. A pesar de que el Tribunal Laboral pidió intervención de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Marina, y un panel internacional bajo el T-MEC concluyó que hubo un "efecto disuasivo" e "interferencia en la decisión sindical", la fiscalía estatal asegura no tener denuncias formales. La falta de respuesta institucional y la contradicción entre versiones oficiales y denuncias de los mineros exponen un complejo entorno de inseguridad y posibles vínculos con el crimen organizado.