La Oficina General de Administración y Finanzas (OGAF) del Ministerio del Interior enfrenta graves denuncias de irregularidades en la licitación de 44 vehículos motobombas antidisturbios para la Policía Nacional. La empresa turca Katmerciler presentó una protesta ante la Oficina de Control Institucional, alegando que funcionarios omitieron otorgarle 40 puntos de calificación basados en su experiencia para favorecer a la firma International Armored Group (IAG) de Emiratos Árabes Unidos. A pesar de que Katmerciler ofreció un precio de US$24.499.000, la OGAF adjudicó el contrato a IAG, cuya propuesta fue más costosa, ascendiendo a US$25.247.575. Este proceso, parte de un programa de US$30 millones iniciado el 6 de mayo de 2026, generaría un perjuicio económico al Estado de US$748.575, sumándose a otros escándalos previos de contrataciones millonarias en el ministerio.