El Ministerio de Justicia de Chile ha generado controversia al retirar su patrocinio legal a familias de víctimas en casos de violaciones a derechos humanos, desestimando una directriz específica pero contradicho por un correo electrónico interno. La directora del Programa de Derechos Humanos, Constanza Guerra, instruyó a los abogados del programa a no apelar en causas en etapa de cumplimiento, lo que afectó a casos como el de Jorge Mandiola Arredondo, ex agente de la CNI condenado por el homicidio de siete jóvenes en 1984, y otros relacionados con la Operación Colombo y el Caso Mulchén. El ministro Fernando Rabat negó una nueva política, asegurando el compromiso con la memoria histórica y el Plan Nacional de Búsqueda. Sin embargo, el correo de Guerra, revelado por radio Biobío, confirma la existencia de instrucciones de la autoridad ministerial para no intervenir en determinadas causas, lo que ha sido criticado por ex funcionarios y compromete la responsabilidad internacional del Estado.