El proyecto de ley "Escuelas Protegidas", que se encuentra en su tercer trámite legislativo, busca abordar la creciente violencia en los recintos educacionales chilenos, evidenciada por eventos trágicos en 2026. La iniciativa faculta a los sostenedores para realizar revisiones de mochilas y efectos personales, y contempla severas sanciones para estudiantes que cometan delitos graves, incluyendo la inhabilidad para acceder a la gratuidad universitaria por cinco años. Si bien defensores argumentan que el proyecto devuelve autoridad a los docentes y crea un ambiente de orden necesario para el aprendizaje, críticos advierten que un enfoque reactivo y sancionatorio podría deteriorar el vínculo pedagógico, aumentar la vigilancia mutua y no disuadir la violencia, basándose en evidencia internacional que sugiere peores trayectorias para los estudiantes sancionados. Expertos señalan la necesidad de políticas más formativas, de largo plazo y que aborden las causas estructurales de la violencia, además de un enfoque en la salud mental y el apoyo a estudiantes conflictivos.