En Colombia, la situación de los defensores públicos se agrava ante la inminencia del vencimiento de más de 4.000 contratos en julio, sumado a un presupuesto estatal insuficiente que ha mostrado demoras en los pagos y recortes. A pesar de ser el país con más abogados per cápita, el Estado no garantiza la cobertura para quienes no pueden costear un abogado particular. La Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, y el presidente de la Federación de Defensores Públicos, Gerardino León Maldonado, han alertado sobre el riesgo de que el Sistema Nacional de Defensoría Pública no pueda operar con normalidad a partir del segundo semestre de 2026. Si no se asignan recursos adicionales urgentemente, el funcionamiento de la justicia y el derecho a la defensa de miles de procesados podrían verse seriamente afectados a principios de 2027.