La Corte de Apelaciones de Arica dictaminó que las deudas del Crédito con Garantía del Estado (CAE) en Chile no son de carácter tributario y, por lo tanto, la Tesorería no puede emplear mecanismos de cobro especiales reservados para impuestos, como el embargo. Esta decisión se originó tras un recurso presentado por una ciudadana de Arica y Parinacota, a quien la Tesorería había iniciado un proceso de cobranza con advertencia de embargo. El tribunal determinó que la Ley 20.027 establece que estas deudas deben ser perseguidas a través de procedimientos civiles comunes, similares a los de bancos. La Corte invalidó el expediente de cobranza y ordenó que cualquier futura acción de cobro se realice por vía civil, protegiendo así las garantías constitucionales de la deudora.