A pesar de las afirmaciones de la alcaldesa de Guadalajara, Verónica Delgadillo, sobre la seguridad de la ciudad como sede del Mundial 2026, organizaciones civiles y defensores de derechos humanos han emitido una alerta sobre el riesgo de represión en Jalisco. Estas organizaciones, incluyendo el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad) y la Red "Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes", señalan que el estado presenta un historial de criminalización de la protesta, violencias institucionales y militarización. Se teme que la presencia de más de 17,000 oficiales durante los 39 días del torneo aumente el riesgo de abuso policial, especialmente contra personas vulnerables como indigentes, migrantes y trabajadores callejeros. El Observatorio Mundialista de Derechos Humanos se ha creado para monitorear y denunciar posibles violaciones.