El gobierno de México enfrenta acusaciones de vínculos entre la élite política y el crimen organizado, evidenciadas por investigaciones de Estados Unidos y reportajes que detallan cómo delincuentes han asumido roles de poder. En Los Cabos, los Chapitos controlan el organismo de aguas, beneficiándose de recursos públicos y extorsionando negocios de tiempos compartidos. Las cuentas de los hijos de Rocha Moya fueron congeladas por presunto tráfico de influencias. El "Operativo Enjambre" ha resultado en la captura de funcionarios municipales en Morelos por sus nexos con grupos delictivos, relaciones que, según informes, eran conocidas desde 2019. En Guerrero, la delincuencia organizada disputa el control de recursos naturales, provocando desplazamientos y desapariciones, como el secuestro del alcalde de Taxco. Estas "narcopolíticas" coinciden con la revisión de la "generación del 21" de Morena, mientras la corrupción y la crisis de desaparecidos generan reservas en el Parlamento Europeo para ratificar acuerdos comerciales con la UE.